Los juicios, conocidos como el Litigio Nacional sobre los Opiáceos por Prescripción, incluyen casi 3.000 demandas de todos los niveles de gobierno, incluidas ciudades, condados y tribus nativas americanas. Los demandados abarcan la cadena de producción de medicamentos opioides desde distribuidores como CVS, hasta compañías farmacéuticas como Johnson & Johnson, hasta médicos individuales. Los demandantes afirman que los acusados eran conscientes de los riesgos asociados con los opioides, pero continuaron comercializando, vendiendo y prescribiendo los medicamentos adictivos.