Las lagunas en la legislación sobre seguridad social dejan en riesgo a los trabajadores de fuera de la UE

Los nacionales de terceros países no tienen acceso a la protección social completa cuando vienen a trabajar a Europa a corto plazo, según un nuevo estudio emitido por el Instituto Sindical Europeo (CASO).

Aunque en principio todos los trabajadores de la UE deberían estar cubiertos por la seguridad social, el análisis, realizado en 24 estados miembros más Islandia y Noruega, muestra que en la práctica existen vacíos legales que los excluyen de esta cobertura, a pesar de que pagan para ello.

El acceso a la protección social plena generalmente está restringido a los nacionales y residentes de larga duración, como es el caso de Estonia.

El sistema del país báltico no permite que los trabajadores con permisos de residencia temporal se registren como desempleados y reciban asignaciones o beneficios del seguro.

La explicación inmediata es que sus visas dependen de sus contratos de trabajo. Si pierden sus trabajos, sus permisos caducan.

“Los nacionales de terceros países, debido a la necesidad de cumplir con los requisitos de residencia legal, pueden ser especialmente vulnerables si su estatus de residencia depende de su estatus laboral”, subraya el informe ETUI.

Pueden observarse diferencias en el grado de cobertura entre trabajadores locales y migrantes, pero también entre diferentes categorías de trabajadores migrantes de terceros países.

Mientras que los trabajadores de temporada, los trabajadores desplazados de corta duración y los trabajadores de empresas de trabajo temporal se ven más gravemente afectados, los trabajadores altamente cualificados como Titulares de la tarjeta azul

o los transferidos dentro de la empresa sufren menos las exclusiones y efectos.

Además de las altas cualificaciones, el sector en el que están empleados juega un papel clave en la exclusión de estos trabajadores de ciertos beneficios sociales.

En sectores donde los trabajadores son más dependientes de sus empleadores, como el trabajo doméstico o la agricultura, las brechas son mayores.

La situación también varía entre los estados miembros. En algunos países de la UE, el acceso a determinadas prestaciones sociales depende de criterios como la residencia previa y las cotizaciones a la seguridad social de contratos anteriores.

Por ejemplo, en Luxemburgo, para recibir el ingreso mínimo, debe haber vivido en el país durante al menos cinco años de los últimos 20, o tener el estatus de residente de larga duración.

En Chipre, el acceso a las prestaciones por hijos también requiere al menos cinco años de residencia en el país.

Y en Finlandia, el acceso a la vivienda social requiere que el trabajador haya tenido un permiso de residencia (vinculado a un contrato de trabajo) durante al menos un año y se haya mudado a Finlandia de forma permanente.

Además de las barreras de acceso que enfrentan estos trabajadores, no siempre cuentan con el conocimiento o los recursos para hacer valer sus derechos, y es difícil transferir estos beneficios cuando son desplazados.

La pandemia (y la escasez de mano de obra) han puesto de relieve la necesidad de estos trabajadores en muchos sectores clave de las economías europeas. Sin embargo, en países como Alemania, esto no ha evitado violaciones de los derechos de los trabajadores y una mayor exclusión de los marcos de seguridad social.

Mientras que antes de la pandemia, los trabajadores de temporada en Alemania tenían pleno acceso a casi todos los componentes de la seguridad social si su estancia superaba los 70 días laborables, esta cifra ha aumentado ahora a 102 días laborables.

Entre las razones de estas lagunas, el análisis de ETUI apunta a un alto grado de fragmentación legislativa que no existe para otro tipo de trabajadores.

El ETUI concluye que, aunque existen similitudes y esfuerzos para armonizar el acceso a la seguridad social a nivel de la UE, todavía existe una gran fragmentación a nivel de jurisdicción nacional y entre jurisdicciones nacionales.

“La claridad, la simplificación y un enfoque común hacia los terceros países (es decir, un marco normativo común) serían el punto de partida para mejorar el acceso a la seguridad social de los trabajadores migrantes nacionales de terceros países a corto plazo”, señala el informe.

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