El caso de la paz y la reconciliación en Etiopía

La guerra civil se ha desatado en Etiopía desde hace más de un año, entre las Fuerzas de Defensa Nacional del Gobierno de Etiopía y la milicia rebelde de unos 250.000 combatientes de la región norteña de Tigray, el “TPLF”. Esto ha dejado un rastro de muerte, hambre, destrucción y catástrofe humanitaria en el país.

La lucha comenzó con un ataque preventivo del TPLF contra las fuerzas armadas federales el 3 de noviembre de 2020, en un intento de apoderarse de armas militares. Esto fue rápidamente anulado por el ejército nacional etíope, y se introdujeron controles sobre las telecomunicaciones y el uso de Internet en la región de Tigray, lo que dificultó a los periodistas internacionales establecer los hechos sobre lo que sucedió desde entonces. Las ciudades y territorios han cambiado de manos durante el último año, ya que las fortunas del campo de batalla han cambiado primero en un sentido y luego en el otro.

El conflicto ha obligado a más de dos millones de personas a abandonar sus hogares, según estimaciones aproximadas.

100,000 muertes tanto militares como civiles. Las hostilidades se han convertido en una fuente de extrema preocupación para la comunidad internacional, preocupada por la seguridad regional en el inestable Cuerno de África. El vecino del norte de Etiopía, Sudán, se ha aprovechado de la situación caótica para tomar tierra en parte del territorio de Etiopía en la frontera.

Recientemente, el TPLF ha intensificado su retórica hostil dejando en claro que tienen la intención de seguir buscando el uso de medios militares para lograr sus objetivos y rechazar cualquier diálogo pacífico. En esencia, la disputa se refiere a una disputa sobre el equilibrio del poder regional y la incapacidad de ambas partes para hacer los compromisos necesarios para un arreglo pacífico negociado que elimine sus diferencias políticas. Los analistas militares han sugerido que ambas partes están igualadas en el terreno y que es probable que cualquier enfrentamiento armado termine en un punto muerto. Siendo realistas, si se quiere resolver la disputa, ambas partes deben ser obligadas a sentarse en la mesa de conferencias.

Por su parte, el gobierno nacional declaró el 2 de noviembre el estado de emergencia nacional por un período de 6 meses, con el fin de permitirles controlar la situación. Las Naciones Unidas y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, un bloque de países de África Oriental, han pedido un alto el fuego inmediato. Pero una vez que los protagonistas hayan acordado este paso, poner fin a la guerra civil requerirá un diálogo nacional inclusivo sobre cómo reestructurar el federalismo en el país y resolver una disputa sobre compartir el equilibrio político de poder en el control de territorios.

Los esfuerzos estadounidenses y europeos para presionar a las partes respectivas y las maniobras diplomáticas que involucran al Consejo de Seguridad de la ONU han fracasado. La Unión Africana y los estados africanos vecinos también han pedido cada vez más una resolución pacífica del conflicto, pero las propuestas de paz aún no han surgido. La primera prioridad debe ser detener los combates y que todas las partes detengan la acción militar y cesen las disputas en los medios de comunicación. Es necesario reparar la infraestructura clave de la región de Tigray y restablecer la libre circulación de la sociedad civil, los periodistas, las organizaciones de ayuda humanitaria y otros actores internacionales.

El resultado de cualquier diálogo sobre cómo reestructurar el equilibrio de poder entre el Gobierno Federal y las regiones no debe ser rehén de las negociaciones. Pero es fundamental que los principales protagonistas se comprometan a respetar la necesidad de asegurar una solución a través de un proceso democrático y no por la fuerza.

¿Quizás el diálogo pacífico podría ser facilitado por observadores civiles internacionales objetivos e imparciales provenientes de los vecinos de Etiopía y de la familia internacional más amplia de naciones? Su papel sería coordinar las iniciativas de paz y reconciliación y promover los esfuerzos necesarios para reconstruir las áreas dañadas por la guerra. La selección de este grupo debería ser acordada por las principales fuerzas políticas.

De hecho, el gobierno federal ha anunciado planes para iniciar ese diálogo. También han incluido a ex detenidos políticos en la estructura del gobierno tras las elecciones de junio. Es importante que la comunidad internacional, en particular la Unión Europea, apoye activamente los esfuerzos del gobierno federal que está comprometido con un proceso democrático. También deben condenar de manera absoluta y sin excepción cualquier intento de las fuerzas políticas involucradas de explotar métodos beligerantes que utilizan la caja de municiones en lugar de las urnas para decidir diferencias de opinión.

No se trata de repartir culpas o de tomar partido en el conflicto, es un principio fundamental que la gobernabilidad democrática debe primar en la resolución de la disputa. Los perdedores finales en cualquier guerra civil son los ciudadanos de todo el país. Etiopía ya ha sufrido más que suficiente por esta crisis, y es hora de detener a los perros de la guerra y traer a los emisarios de la paz y la reconciliación.

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