China aprobó el jueves una ley que dice que a los ciudadanos extranjeros involucrados en la elaboración de sanciones en su contra se les puede negar la entrada o expulsar del país, y se les pueden incautar sus activos. “Tal acción no conduce a atraer inversión extranjera ni a tranquilizar a las empresas que sienten cada vez más que serán utilizadas como peones de sacrificio en una partida de ajedrez político”, dijo Jörg Wuttke, de la Cámara de Comercio de la UE en Beijing.